Una constante a lo largo de las
casi siete décadas de fútbol profesional colombiano ha sido la precariedad que en
materia laboral se han visto abocados a soportar los jugadores. No han sido
pocos los casos en los que ha quedado patente el abuso por parte de los clubes,
presentándose situaciones como la falta de seriedad a la hora de los pagos, las
terminaciones arbitrarias de contratos e incluso acuerdos que sostienen entre
sí los clubes para cerrar las puertas a los jugadores que hayan sido “demasiado
sindicalistas”. Un caso reciente tuvo como protagonistas al Chicó Fútbol Club y al jugador Johnny Ramírez, en el que este último hizo uso de su derecho a
presentar renuncia por justa causa ante incumplimiento de contrato por parte
del club. El presidente del Chicó, Eduardo Pimentel, ha insistido en hacer caso
omiso de las pretensiones del jugador, afirmando que la institución continúa en
propiedad de los derechos deportivos del jugador. Ante este tipo de
situaciones, el Ministerio del Trabajo ha optado por presentar ante el Congreso
de la República el llamado Proyecto de Ley del Fútbol, que tiene dos objetivos
fundamentales: por una parte, regular de una vez por todas las relaciones laborales
al interior de los equipos profesionales, y por otra, conciliar las normas de
la FIFA con la constitución y las leyes colombianas. Suena como una iniciativa
más que loable, pero ¿realmente tiene este proyecto los “dientes” que se
quieren para cumplir ese cometido?
