Una constante a lo largo de las
casi siete décadas de fútbol profesional colombiano ha sido la precariedad que en
materia laboral se han visto abocados a soportar los jugadores. No han sido
pocos los casos en los que ha quedado patente el abuso por parte de los clubes,
presentándose situaciones como la falta de seriedad a la hora de los pagos, las
terminaciones arbitrarias de contratos e incluso acuerdos que sostienen entre
sí los clubes para cerrar las puertas a los jugadores que hayan sido “demasiado
sindicalistas”. Un caso reciente tuvo como protagonistas al Chicó Fútbol Club y al jugador Johnny Ramírez, en el que este último hizo uso de su derecho a
presentar renuncia por justa causa ante incumplimiento de contrato por parte
del club. El presidente del Chicó, Eduardo Pimentel, ha insistido en hacer caso
omiso de las pretensiones del jugador, afirmando que la institución continúa en
propiedad de los derechos deportivos del jugador. Ante este tipo de
situaciones, el Ministerio del Trabajo ha optado por presentar ante el Congreso
de la República el llamado Proyecto de Ley del Fútbol, que tiene dos objetivos
fundamentales: por una parte, regular de una vez por todas las relaciones laborales
al interior de los equipos profesionales, y por otra, conciliar las normas de
la FIFA con la constitución y las leyes colombianas. Suena como una iniciativa
más que loable, pero ¿realmente tiene este proyecto los “dientes” que se
quieren para cumplir ese cometido?
Con respecto al primer objetivo, queda
en evidencia, al leer el texto del proyecto, que se busca ante todo “blindar”
jurídicamente al jugador. Por una parte, propone medidas para ponerle freno a
la explotación infantil al fijar restricciones en materia de edad mínima (15
años) y de carga semanal máxima (14 horas) en los casos en los que un club se
haga a los servicios de un menor de edad. Adicionalmente, obliga a que las
retribuciones que no constituyen salario (como bonificaciones, porcentajes de
transferencia, etc.) queden registradas y pactadas en el contrato laboral. También brinda protección al jugador que
decida renunciar con justa causa o que sea despedido injustamente, obligando al
club a pagar la totalidad de los salarios que el jugador habría de devengar
hasta la fecha en que el contrato habría finalizado normalmente. El proyecto
llega incluso hasta el punto de proponer que se suspenda temporalmente la
relación de subordinación entre el club y el jugador cuando éste cumple
compromisos con su selección nacional. Sin duda, con esta propuesta se busca
construir un ordenamiento jurídico con el que las instituciones del Estado
sirvan de contrapeso al poder un poco intimidante que ejercen los equipos a
través de su influencia y de su condición de “dueños del billete”. Sin embargo
queda la gran incógnita: ¿Aceptarán los clubes una normativa que imponga todas
estas condiciones y constriña seriamente sus prerrogativas? El músculo
financiero que estas instituciones poseen les facilita iniciar un proceso de lobby en el Congreso que entorpezca el
trámite de la propuesta del Ministerio o, por lo menos, enturbiarla al presionar
la inclusión de una serie de “micos” que perviertan su espíritu original.
Con respecto al segundo objetivo,
que es armonizar la normativa colombiana con los lineamientos internacionales, en
general el texto sigue lo estipulado por el Reglamento sobre el Estatuto y laTransferencia de Jugadores de la FIFA, pero hay algunos puntos en los que se
corre el riesgo de entrar en contradicción con el órgano rector del fútbol global.
Por ejemplo, en caso de ocurrir rescisión justificada de contrato, la directiva
promulgada desde Zúrich es que no debe haber ninguna consecuencia en términos
de indemnizaciones o sanciones deportivas, pero ya vimos anteriormente que el
proyecto del Ministerio señala que, si es el jugador quien rescinde el contrato
de manera justificada, el club debe darle una compensación pecuniaria. La FIFA,
además, es enfática en que estas rescisiones no puede tener lugar en el
transcurso de una temporada, restricción que el proyecto de ley no contempla,
así como éste último tampoco considera como causa justa de rescisión el que el
jugador haya participado en menos del 10% de los partidos jugados por su equipo
en la temporada. Un club enfrentado a un caso en el que surja una de las circunstancias
antes mencionadas, ¿a qué se acoge? ¿Prefiere recibir una sanción por parte de
las autoridades laborales locales o exponerse a ser penalizado en el ámbito de
la competición deportiva? Por otra parte, el texto propuesto no toca el tema de
los agentes que intermedian entre clubes y jugadores y que cumplen un papel
fundamental a la hora de definir las condiciones laborales de éstos últimos.
Dejar a los agentes en un clima de laxitud hace perdurar el riesgo de que
continúen algunas irregularidades con respecto al manejo de derechos
deportivos. La FIFA, en cambio, es bastante clara en este sentido y estipula
una serie de normas que tanto los clubes como los agentes mismos deben seguir,
so pena de sanciones. Hemos visto, pues, una serie de ejemplos en los que hay
aún muchas sombras, evidenciándose que el proyecto de ley aún requiere de
varias revisiones y retoques durante los debates que tengan lugar a su paso por el Congreso.
Yendo incluso más allá de la
conformidad con las normas internacionales, hay algunos matices más propios de
la realidad local que cabría abordar durante el trámite de la futura ley. En
particular, debería considerarse la instauración de una figura encargada de
arbitrar en conflictos como el que se dio entre el Chicó y Johnny Ramírez, y
que esté enfocada en el ámbito futbolero, en vez de dar a esas situaciones un
trato inadecuado al dejarlo en manos de los juzgados laborales ordinarios, como
el propio texto del proyecto propone en el artículo 16. Bien ha podido verse que
el del fútbol es un entorno laboral bastante particular (justamente por eso se
busca tener una ley especial) y en situaciones críticas se requiere un manejo
especial que sólo entidades ad hoc
pueden proveer. Desde el ministerio ya se ha manifestado la voluntad de facilitar las condiciones para que existan cámaras de resolución de disputas, pero un poco más de proactividad estatal en
este sentido sería ideal. También sería valioso incluir algún tipo de
regulación con respecto a las injerencias de terceros en las condiciones
laborales de los jugadores, siendo un caso particular el de las compañías que
usan la imagen de éstos con fines publicitarios. Se quedaría corta la
legislación si sólo blindara al futbolista con respecto a uno de sus
contratantes. La realidad del deportista como trabajador es compleja y hay
muchos detalles para atender.
Hay que reconocer, eso sí, el
ingente esfuerzo que desde el Estado se está haciendo para sacar adelante esta
iniciativa. El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo, se ha dado a la tarea de hacer
la mayor divulgación posible al proyecto. No sólo ha adelantado una campaña al
respecto desde su cuenta personal en Twitter (@RafaelPardo), sino que además ha
iniciado reuniones con los directamente involucrados. Ya sostuvo una charla con
jugadores del Real Cartagena, de Atlético Nacional y de Millonarios, quienes le manifestaron las
inquietudes que al respecto tenían. También ha estado realizando encuentros con organismos representantes de los jugadores (como lo son Acolfutpro a nivel
nacional y FIFPRO a nivel internacional), así como con los directivos de la
Fedefútbol y la Dimayor e incluso con algunos asesores comisionados por la FIFA.
Esta ha sido una labor encomiable que busca el mayor nivel de concertación en
torno al proyecto, pero aún hay algunos grupos de interés que no se encuentran
a gusto con algunas secciones del contenido del texto, como es el caso de Acolfutpro con la sección del artículo 14 que estipula las sanciones para los
jugadores que, sin mediar justa causa, terminen sus contratos con el club.
Según este organismo, eso vulnera los derechos laborales de los futbolistas. También
queda por verse si Pardo logrará incorporar a este diálogo a los dueños de los
clubes de manera que estos que estos “compren” la idea en vez de que se corra el
riesgo de que estos emprendan una muy temida oposición. Contar
con la participación de todos los implicados es vital para que en los debates que
tendrán lugar en el Congreso se pulan las zonas grises que aún quedan y se pueda
contar al final con una nueva legislación que sea garante de justicia y respeto
en un medio en el que los abusos han sido, triste es decirlo, su sello
indeleble.
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